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Se trata de Germán Valadez Estrada, quien fue identificado por la PGR como el constructor del túnel y quien además se dedicaba a la edificación de otros túneles para el Cártel de Sinaloa. También en la lista se encuentra el abogado Óscar Manuel Gómez Núñez, quien era el abogado que se entrevistaba con Joaquín para informarle de los avances del plan; los hermanos Julio César y Héctor Ramón Takashima Valenzuela, el primero mecánico aviador y el segundo uno de los pilotos que trasladó al Chapo a Culiacán y de ahí a la sierra de Durango, y por último el también piloto aviador Romano Lanciani Llanes, quien fue el segundo piloto que despegó de San Juan del Río como señuelo.
Todos ellos, según la entonces procuradora de la República, Arely Gómez, fueron parte de la red de apoyo en el escape del Chapo, y también fueron quienes aportaron las líneas de investigación que Guzmán Loera tras la evasión fue a morar en la región de Tamazula, Durango, en donde a partir de octubre de 2015, meses después, fue ubicado y perseguido por una célula de inteligencia de la Marina apoyada por la DEA.
Detenidos y enviados a proceso penal por el delito de evasión de reos, todos a partir de entonces empezaron su defensa legal para tratar de tumbar las pruebas legales que aportó la PGR, y es que cada uno de ellos fueron arrestados en diversos momentos sin órdenes de aprehensión, por lo que estuvieron bajo arraigo hasta que lograron armar el caso de la fuga.
Otro de los implicados en el caso es Édgar Coronel Aispuro, cuñado del Chapo y hermano de Emma Coronel Aispuro, a quien le atribuyeron que fue uno de los ayudantes a la hora del traslado del capo de El Altiplano a la pista de aviones de San Juan del Río, Querétaro.
El infierno tan temido
Pero en 2017 por orden de la Dirección de Centros Federales Penitenciarios, los cinco implicados en la fuga fueron sacados sin explicaciones de El Altiplano y enviados a Chiapas. En su escrito de demanda argumentaron:
“Desde que nos sacaron del Cefereso número 1 de El Altiplano, por dicho de los custodios nos dijeron que ya nos habían encargado con el director del Cefereso número 15 de Chiapas, quien tenía la consigna de pegarnos a la llegada y torturarnos para que sepamos quién manda, que, porque eran órdenes de arriba y de esta manera la amenaza se hizo realidad”, señalaron.
Indicaron que debido a las intimidaciones no podían ni hablar y cuando solicitaban algún servicio médico nadie los atendía ni les hacía caso.
“También hacemos de su conocimiento a este juzgado que nos mantienen sin ropa, totalmente desnudos y durmiendo en el suelo de manera infrahumana, ya que ni a un animal lo tienen así”, denunciaron.
Además, los coacusados afirmaron que la comida que les estaban dando no es la suficiente para alimentarse, sino que “es racionada y a veces está echada a perder”. Aun así, se la comían lo que provocada dolores abdominales y fiebres que ningún médico se hacía cargo de atender.
También se quejaban de la mala higiene en la que fueron puestos, y que además los colocaron en “peores celdas”. 1) No existe entrada de luz natural, 2) No existe circulación de aire 3) cuadros de ansiedad en los afectados, nervios, falta de aire para respirar, entre otros síntomas debidos presuntamente a las condiciones en que los mantenían en el reclusorio federal.
Advirtieron al juez federal que lo único que sabían es que una noche los sacaron de El Altiplano mediante el oficio Segob/CNS/OADPRS/CGCF/CFRS/627/2016, el cual argumentaron que no era legal a todas luces, pues no se les informó con tiempo. Ni siquiera sus familias sabían hacia dónde los habían trasladado.
Se van a juicio contra el traslado
En un principio un juez federal concedió el amparo, para revisar la legalidad del traslado, pero el caso de los cinco presuntos cómplices del Chapo se fue a recurso de revisión. Fue a mediados del año 2017 cuando un tribunal colegiado resolvió el expediente.
Sobre las denuncias de tortura y malos tratos, los demandantes no lograron demostrar sus dichos, pues cuando este tipo de cosas sucede dentro de los penales, los encargados suelen cambiar sus técnicas y cesar las vejaciones en tanto se resuelven los amparos.
En cambio, el tribunal colegiado logró confirmar que el oficio en donde la Secretaría de Gobernación solicitaba a través de la Comisión Nacional de Seguridad el traslado de los cinco reos a Chiapas, no estaba dentro de la legalidad establecida.
Y es que, de acuerdo con las reformas legislativas realizadas en los últimos años, las autoridades penitenciarias en tanto autoridad administrativa, no puede decidir por sí misma el traslado de un preso que está siendo procesado o que ya está sentenciado.
Los argumentos que utilizó la Comisión Nacional de Seguridad para ordenar el traslado era para “despresurizar” el penal de El Altiplano de una sobrepoblación que tampoco demostró en los hechos. Asimismo, el tribunal fue claro al decir que a ley señala que solo por orden del juez o a petición del acusado que es que se puede realizar un traslado. Incluso en el caso que un sentenciado pida su cambio de centro penitenciario, solo un juez en la materia puede dar o no el permiso.
Sin validar las razones de las autoridades administrativas, los magistrados fallaron a favor de los presuntos cómplices del Chapo y ordenaron regresarlos al penal del Estado de México en donde se encontraban. Fue a lo largo de julio y agosto del 2017 cuando la Comisión Nacional de Seguridad a través de la dirección de los Centros Federales en que empezó a mover a los cinco denunciantes, en donde se encuentran actualmente bajo proceso por la fuga.
Sin investigación por fuga
De acuerdo con documentos oficiales, el noveno vinculado a la fuga del Chapo, su cuñado Edgar Coronel Aispuro, nunca ha sido procesado por la evasión sino por portación de armas de fuego de uso exclusivo y delito contra la salud en su modalidad de posesión para venta.
Junto con Édgar fue detenido en Culiacán un amigo de él, Héctor Carrasco Ruiz, quien ganó un amparo para ser enviado al penal de Aguaruto, en donde permanece preso. Los dos fueron detenidos en el Desarrollo Tres Ríos, en las inmediaciones de la tienda Walmart. A pesar de que la PGR los vinculó a los dos con la fuga, en los expedientes no se le sigue ningún proceso por este delito, a diferencia de los cinco arriba señalados.
Según fuentes allegadas al caso, los dos jóvenes podrían salir dentro de pocos meses debido a que se trata personas que han demostrado que no se dedican a la delincuencia organizada y por ser primera vez en que incurren en un delito.
Con información de EFE y AP
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