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“Es muy lamentable que ya la violencia esté entrando a las instituciones, fue ya la Universidad Autónoma de Zacatecas y mañana puede ser un templo también, como ha sucedido en otros lugares”, dijo el obispo Sigfredo Noriega, uno de los hombres más escuchados en el conservador estado de Zacatecas.
“Esto significa que la violencia ya no respeta a nadie y es muy preocupante porque estamos llegando ya al límite de la tolerancia”.
Los hechos violentos tienen una larga carrera de delincuencia en la entidad, donde las autoridades federales reconocen el incremento de la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en debate con el Cártel de Sinaloa además algunas células de los Zetas: Cártel del Noreste y Los Talibanes. Todos en busca del control de tráfico de droga, armas, secuestros y robos, principalmente de combustible.
Zacatecas es, además, un reguero de fosas clandestinas. El año pasado, el Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses reconoció 29 depósitos ilegales de cadáveres desconocidos, además de los asesinatos oficialmente registrados: de enero a abril de 2019, las autoridades locales reconocieron 219 homicidios dolosos. Esto es un ritmo promedio de dos muertes violentas al día, más la cifra negra.
Abril de este año cerró con 50 personas asesinadas: 45 hombres y cinco mujeres; enero y febrero cerraron respectivamente con 50 homicidios, mientras que marzo concluyó con 68.
El pasado 24 de abril el gobierno del estado informó que la recientemente creada Guardia Nacional ––que dio a los militares el poder civil–– llegará durante el segundo semestre de 2019. Esto significa que Zacatecas será una de las primeras entidades beneficiadas con esta apuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Es una noticia interesante”, dijo el analista político local Juan Gómez, columnista de La Jornada . “Pero la Guardia Nacional al estado no estará a cargo de la federación como lo informó el presidente, sino que los estados pagarían alimentación, hospedaje y gastos de operación. Zacatecas erogará aproximadamente cien millones de pesos (unos 5.4 millones de dólares) que cubrirían las operaciones de esta recién formada corporación”.
El estado lo ha aceptado presionado por descalificaciones constantes y pronunciamientos sociales por lo que consideran una “blanda” y “simulada “ respuesta del gobernador Alejandro Tello, como lo calificó el colectivo 8M tras la muerte de la estudiante Anayeli.
En un informe del secretario de Seguridad Pública estatal, Camberos Hernández, dijo que el estado fortalecía el combate a la delincuencia con el incremento en dos años y del personal de la Policía Estatal Preventiva 1,255 efectivos, 300 más que cuando concluyó el gobierno de Miguel Alonso quien dejó a Zacatecas con el mayor número de “semáforos en rojo” en la clasificación global de delitos de alto impacto (homicidio, secuestro, violación sexual) según la firma Lantia Consultores.
Con información de EFE y AP
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