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Por ello, la lucha por recuperar aquellas fortunas es imprescindible. El Semanario Zeta informó el caso de tres mujeres que quieren recuperar lo perdido.
Las féminas luchan jurídicamente contra la Fiscalía General de la República (FGR) para recuperar bienes inmuebles en Tijuana, Baja California, o cuentas bancarias.
LA ESPOSA DE UN ARELLANO FÉLIX
Ruth Lizeth Serrano Corona es esposa de Benjamín Arellano Félix, uno de los líderes del cártel de Tijuana o cártel de los Arellano Félix, quien se encuentra recluido desde marzo de 2002 en el penal de máxima seguridad Altiplano, en Almoloya de Juárez.
Serrano Corona, como una mujer alejada de los reflectores, reclama desde mayo de este año un inmueble ubicado en el Lote número 4, de la manzana 3, en la colonia Madero Sur, en la zona centro de Tijuana.
La mujer lo habría comprado el 18 de septiembre de 1987 a Gloria Macías Corona de Muriel.
Esto desde 1993, luego del asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de ese año, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
Para la esposa de Benjamín el decomiso es un acto de "la inconstitucionalidad e ilegalidad". Sobre esta demanda le fue concedida primero la suspensión provisional, luego se determinó que "las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecuten materialmente otros actos" en tanto se resuelve el juicio de garantías.
Actualmente, un juez ordenó a las autoridades federales que justifiquen el decomisó para que no sea devuelto a Ruth Lizeth Serrano Corona
SOCORRO, VINCULADA AL CÁRTEL DE GUADALAJARA
La disputa que Socorro León Ojeda protagoniza es tan vieja que el cártel al que presuntamente es vinculada ya no existe.
Desde hace más de 30 años la mujer es investigada por supuestos nexos con el cártel de Guadalajara, misma que no ha podido acreditar, pues no han ejercido acción penal en su contra, pero tampoco le han devuelto las ocho cuentas bancarias que le congelaron.
Tras cansarse de las nulas respuestas de la FGR sobre su situación legal, León Ojeda acudió al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales para obtener la liberación de sus cuentas bancarias aseguradas.
Socorro sostiene que las autoridades han violado sus derechos humanos al dejarla en permanente indefinición la averiguación previa desde hace 15 años.
Sostiene que ha dado elementos de prueba para acreditar la licitud de su conducta, así como del dinero congelado, aun así no se lo regresan.
Al respecto, las autoridades federales aseguran que se ha pretendido obtener la declaración de León Ojeda en calidad de indiciada, pero no ha sido posible su comparecencia pues al parecer vive en Estados Unidos.
En tanto, el juez otorgó un amparo a Socorro, mientras que la FGR tiene que realizar diligencias para desahogar pruebas y proceder en un plazo inmediato –si así sucede– y pronunciarse sobre el aseguramiento de las cuentas bancaria.
LA CASA DEL CÁRTEL DE SINALOA
La casa de Deyanira Quinceno Córdoba fue decomisada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en 2016 asegurando que dicho inmueble está relacionado con "Los Jabalíes", célula criminal del cártel de Sinaloa.
La casa está ubicada sobre Calle Canadá número 27, interior 32 del condominio River House de la Tercera Etapa del Río Tijuana.
Deyanira se dice como propietaria de este inmueble y ha presentado documentos que acreditan s u dicho para reclamar la devolución del mismo, como que la casa está sujeta a un crédito hipotecario a su nombre.
Sin embargo, esto no ha sucedido, por lo que ha realizado trámites administrativos y recursos judiciales para conseguir su objetivo.
Lo que ha conseguido es la reposición del procedimiento de un juicio de amparo promovido ante el Juzgado Segundo especializado en la materia en Tijuana, demanda presentada desde 2017, pero que ahora pareciera comenzar de nuevo.
Quinceno Córdoba exige la orden de cateo y el aseguramiento de la referida casa, donde se localizó una bolsa negra de plástico con marihuana, razón por la cual fue decomisada.
Deyanira teme que sea desposeída de su propiedad y que las autoridades la enajenen, subasten, la den en comodato o se realice cualquier otro acto que le cause daños de imposible reparación.
Con información de EFE y AP
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