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La violencia obligó a que miles de personas abandonaran sus hogares a causa de las constantes amenazas por parte de los grupos criminales, el alza en homicidios, secuestros, desaparición involuntaria de personas, abusos sexuales y reclutamiento forzado a las filas del crimen.
La Guerra contra el Narcotráfico, promovida por del entonces presidente Felipe Calderón, "es un parteaguas que se ve muy marcado de cómo empiezan estos desplazamientos más colectivos, donde estos grupos (criminales) están interesados en despoblar las comunidades. El desplazamiento forzado ya no es un ajuste de cuentas, sino que se vuelve una estrategia para ocupar el territorio para diferentes fines: no sólo para producir y trasegar la droga, sino también para aprovechar los recursos naturales", dice para la revista Sibely Cañedo, investigadora en temas de desplazamiento forzado por la Universidad Autónoma de Sinaloa.
En México, el desplazamiento interno forzado lo sufren distintos sectores de la población, afectando de manera más aguda a las poblaciones más vulnerables: adultos mayores, mujeres, niños y personas indígenas, particularmente a aquellos de escasos recursos. El desplazamiento ha sido tanto un recurso reactivo como preventivo y puede darse de manera individual, por grupo familiar o de forma colectiva.
Secuestros y homicidios en Sinaloa
Jesusa Sánchez dejó su casa a principio de 2016 en el Tecomate de la Noria, en Sinaloa, un poblado de la zona serrana de Mazatlán que —junto a otros asentamientos de la zona como El Zapote y El Guamúchil— ha sido escenario de violentas batallas entre miembros del crimen organizado. En el Tecomate los habitantes comenzaron un éxodo silencioso desde 2009. Ahora es casi un pueblo fantasma.
Antes de llegar al puerto de Mazatlán, Jesusa fue víctima de la violencia que asecha las zonas serranas de Sinaloa. Su esposo fue desaparecido desde el 25 de noviembre de 2014, mismo día en el que también desaparecieron –en hechos distintos- sus tres hermanos y dos de sus cuñados.
"Él (su esposo) no se metía con nadie y cuando empezamos a pasar sustos yo le decía a él: ´Vámonos´ y él decía: ´No, porque no le hemos hecho ningún mal a nadie´", cuenta a la revista Gatopardo, Jesusa, quien ahora atiende un puesto de comida para poder pagar la renta en una colonia popular de Mazatlán.
Un año después de la desaparición de su esposo y sus hermanos, un grupo delincuencial mató a otro de sus hermanos.
Solo en 2018, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos contabilizó 11 mil 491 personas desplazadas. Sinaloa, estaba entre los estados con más episodios de desplazamientos masivos (seis), afectando a 860 personas.
Sin embargo, esta cifra fue menor que en el 2017, donde la comisión registró 20 mil 390 personas desplazada a causa de la violencia generada por el narcotráfico.
Ese año, los tres estados que conforman parte del Triángulo Dorado, estuvieron entre los lugares donde más registraron desplazamientos forzados.
En Chihuahua se dieron 3 episodios, movilizando a un total de 693 personas; en Sinaloa fueron cinco episodios, con 2 mil 967 personas desplazadas; mientras que, en Durango, ocurrió un episodio con 365 personas desplazadas.
Intimidaciones oficiales en Durango
En Durango, habitantes de comunidades como La Vainilla, La Lagunita, la Piedrosa, El Comedero y la Mesa de San Pedro se han visto afectados por la disputa entre cárteles del narcotráfico, obligándolos a abandonar su comunidad para trasladarse –entre otros lugares- a Cueva Rasposa, en donde han buscado refugio a casi dos horas de distancia de sus hogares.
La revista Nexos, en su reportaje "Desplazados por violencia: la tragedia invisible", señaló que en 2010 y 2011 alrededor de 700 familias duranguenses que se dedicaban principalmente a actividades forestales y a la ganadería, en su mayoría mujeres y niños indígenas tepehuanos, mexicaneros, huicholes, coras y tarahumaras, tuvieron que desplazarse principalmente del municipio del Mezquital a otros municipios y a la capital del estado.
Pero la situación emporó en 2015. En julio de ese año, un operativo en búsqueda de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ocasionó el éxodo de 250 familias; alrededor de 600 personas, quienes fueron intimidadas por la Marina. Las familias provenían de 17 comunidades de Durango, quienes se asentaron temporalmente en Cosalá, Sinaloa.
Una investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos documentó la problemática y las historias de las mujeres desplazadas forzadas en la región serrana de Durango.
"Yo me fui porque habían secuestrado a mi hijo, lo levantaron y se lo llevaron y ahorita, hasta la fecha, no sé dónde está, pero me junté con una pareja, con un señor y a ese señor me lo levantaron primero que a mi hijo. A él se lo llevaron el 20 de octubre de 2008 y a mi hijo el 11 de junio de 2009, y a mí también me llevaron el día 12 a las tres de la tarde", cuenta una mujer desplazada en el año 2013.
La vida de las mujeres que radicaban en la zona dio un giro de 90 grados a causa de la violencia. Las mujeres adoptaron rutinas como medidas de seguridad: resguardarse a tempranas horas en sus casas, evitar pasar las noches por algunos lugares, no acudir a reuniones colectivos ni organizar festividades ni bailes. Si tenían negocios, consideraban cerrarlos.
"Andaba la gente levantando así nomás", dice otra mujer, "levantaban viejos ya macizos, niños, bueno, jovencitos de 12 a 15 años, y pues nos daba miedo que eso pasara acá".
Testigos mudos de Chihuahua
En Chihuahua la cosa no era menor. De acuerdo con testimonios de pobladores de la región, al menos 60 por ciento de los habitantes han unido de sus comunidades, entre ellos maestros y miembros de las iglesias cristianas. Además, los comercios se mantienen cerrados.
La causa: las amenazas y el acoso de los narcotráficos. Cuando no les piden sus tierras, les quitan sus camionetas. O los acusan de formar parte de bandos contrarios.
A otros, de plano les dieron plazo de 24 horas para dejar su tierra y no ejecutarlos.
La familia Ponce Ríos, originaria de Chihuahua, de 94 miembros, se vieron obligados a desplazarse, en el año 2010, cuando uno de los miembros de la familia fue secuestrado a manos de la delincuencia organizada. En esa ocasión el joven corrió con suerte y logró ser rescatado. Sin embargo, el resto de la familia vivía permanecía en un contexto de violencia constante. Entre 2011 y 2013, la familia fue víctima de un intento de homicidio, amenazas directas, extorsiones con cobro de derecho de piso, robos relacionados con vehículos y asaltos a mano armada.
El joven que salió librado de un secuestro en 2010, volvió a ver la muerte pasar por sus ojos unos años después, cuando él y su primo de 13 años de edad fueron perseguidos en un vehículo y acribillados por integrantes del mismo grupo delincuencial que había llevado a cabo el secuestro.
En este hecho perdió la vida el menor de edad y el joven logró escapar. A un mes de la ocurrencia de los hechos, otro miembro de la familia fue asesinado al interior de su negocio por miembros del mismo grupo delincuencial. Minutos después del asesinato, el grupo delincuencial se trasladó hacia una propiedad de la familia, asesinando a cuatro de sus empleados. En este hecho letal quedaron con vida dos testigos, uno de los cuales fue posteriormente secuestrado, torturado y ejecutado. Durante los días posteriores la familia fue amenazada y hostigada, presentándose también el saqueo e incendio de uno de sus locales comerciales.
Los hechos de violencia contra la familia Ponce, obligó a 60 de sus miembros a abandonar colectivamente su hogar, abandonando también sus fuentes de ingresos.
Con información de EFE y AP
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