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“El Agente del Ministerio Público presentó ante la autoridad los elementos necesarios para obtener el resultado legal referido, ante el planteamiento de la existencia de una probable responsabilidad de los involucrados”, indicó la Procuraduría tamaulipeca en un comunicado.
El pasado 12 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que los policías estatales que participaron en un presunto enfrentamiento ocurrido el pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, fueron suspendidos temporalmente, mientras eran investigados, aunque la institución no precisó el número de elementos a los que se aplicó dicha medida.
Por su parte, La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación independiente a las pesquisas oficiales que lleva la Procuraduría de Tamaulipas, y pidió al Gobierno estatal encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un informe sobre la actuación de los mandos policíacos que participaron en el operativo donde fallecieron ocho civiles.
La CNDH informó en su momento, que había entrevistado a 13 testigos de los hechos y reunió ocho videos aportados por “particulares”, ya que el sistema de vigilancia C-4 no tiene cámaras en Nuevo Laredo, una situación que ha dificultado la investigación.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) refutó la versión del Gobierno de Tamaulipas sobre un supuesto “enfrentamiento” acontecido el pasado 5 de septiembre, entre policías estatales y presuntos miembros de la llamada “Tropa del Infierno”, perteneciente al Cártel del Noreste (CDN), lo que dejó un saldo de ocho civiles muertos.
La organización no gubernamental presentó una serie de fotografías; así como un reporte de Tránsito, en el que se acredita el uso de una grúa para “sembrar” una camioneta en la que se dijo viajaban los presuntos criminales; además de los testimonios de algunos sobrevivientes, para acreditar que no se trató de un enfrentamiento, sino de una ejecución de cinco hombres y tres mujeres a manos de los agentes estatales.
La ONG anunció que se solicitaría la intervención de la oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), a fin de que se otorguen medidas de protección a los sobrevivientes que han dado su testimonio y denunciado los hechos ante la Fiscalía estatal, así como, también, a las familias de las víctimas.
El pasado 5 de septiembre, el Gobierno estatal emitió un comunicado oficial en el que detalló que civiles armados -quienes portaban armas del uso exclusivo del Ejército y uniformes que suplantan la identidad de las Fuerzas Armadas- atacaron a elementos del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET).
Según lo informaron las autoridades locales, el enfrentamiento entre los presuntos delincuentes y elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas, ocurrió en la calle 7, de la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, en un domicilio particular en el que intentaron resguardarse los cinco hombres y tres mujeres, quienes minutos antes dispararon contra los agentes.
En una camioneta tipo pick up, blindada, en la que se trasladaban los presuntos sicarios, quedó muerto uno de los agresores, mientras que cinco más fallecieron dentro de la casa y dos más afuera del domicilio particular. El equipo táctico, así como las 15 armas de alto calibre y una corta que supuestamente usaban los supuestos miembros de la llamada “Tropa del Infierno”, fue asegurados por las autoridades estatales.
“Las imágenes de cinco hombres y tres mujeres vestidos con uniformes tipo militar, posando con armas junto a sus cuerpos [sin vida] y que fueron filtradas por autoridades del Gobierno de Tamaulipas fueron un verdadero montaje”, enfatizó el CDHNL.
La ONG aseguró que ha documentado hasta ahora, elementos para afirmar que se trató de una ejecución extrajudicial, donde las víctimas habrían recibido “un tiro en la cabeza a corta distancia, e incluso algunos estaban sometidos en el piso o acostados sobre una cama”.
Indicó que tras un recorrido por el lugar de los hechos, “se constató que no hay evidencias de un enfrentamiento”, ya que tanto el domicilio particular, donde supuestamente se dio éste, y en fachadas de hogares aledaños, “no hay impactos de balas”.
Según la organización no gubernamental, los sucesos se dieron en varios puntos. Uno es el domicilio ubicado en el lote 902 de Avenida 7, donde se hallaron cuatro casquillos, y vivía Severiano Treviño Hernández, una de las víctimas, junto con su hija Kassandra, y una niña de dos años de edad, quienes sobrevivieron.
El CDHNL agregó que las fotografías filtradas de los cuerpos sin vida de los presuntos criminales evidencian que “las armas se les colocaron de manera burda”, además que algunos vestían uniformes tipo millar de tallas mucho más grandes a sus complexiones, e incluso, los civiles fallecidos portaban el calzado al revés.
Hasta ahora, según lo informó la ONG, las autoridades estatales, en particular quienes participaron en la “persecución y enfrentamiento” no han presentado un informe oficial y detallado de lo sucedido durante las seis horas que habría durado el operativo. Ni tampoco han dado a conocer los videos que las fuerzas de seguridad están obligados a grabar en este tipo de acciones.
La CDHNL cuenta además con un reporte de tránsito firmado por el comandante Eladio Martínez Juárez, en el que se asienta el uso de una grúa para llevar la camioneta blindada y modificada -en la que la versión oficial aseguró que se trasladaban los presuntos criminales-, desde un punto distinto a cinco kilómetros de distancia al que sucedieron los hechos, por lo que se puede deducir que dicho vehículo no se encontraba en el momento y lugar del “enfrentamiento”.
Asimismo, la ONG cuenta con un video en el que se comprueba el arrastre de la camioneta que era escoltada por cuatro camionetas y cuatro camiones blindados de la policía estatal, así como tres vehículos militares con los números económicos 0916312, 0916324 y 0916593. Además de que el operador de la grúa refirió que se le pidió llevar la camioneta a la esquina de avenida 7 y calle 10, casa de Severiano Treviño Hernández, donde supuestamente se dio el enfrentamiento, y cuyos familiares fueron advertidos de no revelar esta información.
Uno de los testimonios recogidos por la CDHNL es el de Kassandra, de 18 años de edad, y madre de la menor, a quien los agentes estatales “le perdonaron la vida porque no supieron qué hacer con su pequeña hija”. Sin embargo, golpearon a la mujer y le pisaron el rostro, además de que la obligaron a ponerse un uniforme de militar, para luego sacarla del domicilio con el rostro cubierto y dejarla a dos calles de su casa, advirtiéndole que no volteara, ni denunciara.
En su testimonio, Kassandra señaló que más de 20 hombres uniformados allanaron su domicilio de forma violenta. “Entraron cinco conmigo, me decían que me tapara la cara, que los viera, mi papá corrió conmigo y con la niña, luego lo sacaron a golpes”, dijo la víctima.
“Lo estuvieron golpeando en la cocina, le decían que sacara las armas, que no se hiciera pendejo. Al momento (de la irrupción) dormíamos, mi papá vestía shorts y sandalias, pero los policías lo obligaron a ponerse un uniforme militar, botas y casco negro, luego lo esposaron y lo metieron a mi cuarto”, aseguró la mujer.
A pesar del temor, la joven presentó una denuncia por estos hechos el domingo pasado en la Fiscalía General tamaulipeca, señalando como responsables de la ejecución extrajudicial de su padre, y otras personas, a elementos del CAIET y a agentes de la Policía Estatal.
Asimismo, otra testigo de nombre Melissa, refirió que alrededor de las 07:44 horas de ese mismo jueves 5 de septiembre, las calles aledañas al lugar de los hechos “estaban llenas de soldados y [policías] estatales. Además, afirmó que la camioneta con blindaje artesanal no se encontraba en el sitio, y que fue hasta varios minutos después del “supuesto enfrentamiento”, que apareció ahí.
El CDHNL abundó que otros testigos también narraron que los agentes, acompañados de elementos del Ejército, privaron de su libertad a cuatro varones y cuatro mujeres jóvenes -una de ellas trabajadora sexual-, alrededor de las 04:00 horas, en domicilios ubicados en la calle Jesús Guajardo 649, de la colonia Buenavista, y de la calle de Héroe de Nacataz número 6836, en la colonia Valles Anáhuac.
Con información de EFE y AP
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