CDMX, - Apro informó ayer que Meade emitió tres mensajes en su cuenta de Twitter donde retó al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a que revise la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que compruebe las acusaciones contra Nestora Salgado y acusó a la policía comunitaria de Olinalá de violar “los derechos de las menores a la integridad, al trato digno, a la libertad sexual y a vivir una vida libre de violencia”.

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No obstante, la recomendación 9/2016 de la CNDH, emitida el 3 de marzo de 2016, por el caso de Nestora Salgado, líder de un grupo de autodefensa adherido a la CRAC en la región de la Montaña y quien fue detenida en agosto de 2013 y acusada de secuestro, determinó que las violaciones a derechos humanos, tanto de las autoridades comunitarias como de las personas sancionadas por el sistema comunitario de justicia, “fueron motivadas, en buena medida, porque los ámbitos de actuación, procedimientos y atribuciones de las autoridades estatales y de las comunitarias no están claramente delimitados, ya que la fuente normativa es deficiente, ambigua y omisa en muchos aspectos”.

Además, señaló el organismo, “no existe vinculación y coordinación entre el sistema estatal y el sistema comunitario indígena, lo que obstaculiza el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los sistemas comunitarios, y propicia abusos de las mismas autoridades comunitarias contra las personas sujetas a la jurisdicción indígena”.

El ombudsman concluyó que el derecho a la autonomía y autodeterminación indígenas “no es absoluto y tiene sus límites” en la no contravención de Constitución federal y el pleno respeto a los derechos humanos.

Presión de la CNDH

Por ello, la CNDH recomendó al gobernador de Guerrero presentar iniciativas de ley y reformas para asegurar el pleno respeto a la autonomía y determinación de los pueblos y comunidades indígenas.

Así como considerar la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, “mediante consulta, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas del sistema comunitario de justicia y que sea compatible con el sistema internacional de derechos humanos”, indica la resolución.

Por ello, el 24 de abril de 2017, Astudillo envió al Congreso local una iniciativa de decreto para reformar el artículo 14 de la Constitución local, relacionado con el título segundo de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que pretende desconocer las acciones de seguridad, prevención del delito y reglamentos internos que implementan actualmente las guardias comunitarias.

La reforma constitucional enviada por el mandatario estatal en abril de 2017 plantea desarmar e impedir que las guardias comunitarias sigan desempeñando funciones de seguridad como prevenir, investigar y castigar delitos mediante esquemas internos de justicia popular.

De esta manera, el mandatario pretende inhabilitar no sólo a los grupos de autodefensa que acusó de estar infiltrados por el narco, sino también a la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), que operan en la región de Costa Chica y la Montaña.

También contrarrestar el efecto expansivo de los grupos de autodefensa que fueron alentados, armados y equipados por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero y actualmente siguen proliferando en las siete regiones.

El argumento jurídico de la iniciativa de Astudillo para desarmar a las guardias comunitarias es señalar que las leyes locales que amparan a los grupos de autodefensa se contraponen con las disposiciones legales del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNP), que entró en vigor el año pasado a nivel nacional, indica la última reforma del instrumento jurídico publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2016, refiere el documento oficial consultado por Apro.

El documento destaca que el Ejecutivo decidió reformar la Constitución local, luego de que el 3 de marzo de 2016, la CNDH emitió la recomendación 9/2016 por el caso de la detención de la líder del grupo de autodefensa de Olinalá, Nestora Salgado García, donde se comprobó que las autoridades estatales y federales violaron los derechos humanos de los guardias comunitarios de la misma forma como ellos (comunitarios) lo hicieron al retener de manera ilegal a presuntos delincuentes.

Con información de EFE y AP


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